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Asesoría Jurídica

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Prestamos servicios legales de asesoría jurídica a particulares, pequeñas y medianas empresas.

Nuestros expertos jurídicos solo se decantarán por procedimientos judiciales cuando sea imprescindible e inviable por cualquier otra vía.

Con nuestra intervención, no solo aseguramos al cliente que tendrá en todo momento la mejor defensa jurídica posible, sino también que estará informado en todo momento del estado del procedimiento, en cumplimiento de nuestro compromiso de transparencia en la ejecución del encargo profesional, destacando entre otros:

  • Separaciones y divorcios, confección de convenios reguladores, guarda y custodia de hijos menores, así como tramitación en caso de incumplimiento de convenios reguladores judicialmente homologados.
  • Pensiones compensatorias a favor del cónyuge y pensiones de alimentos a favor de los hijos, cuando proceda.
  • Liquidación de sociedades de gananciales.
  • Expedientes judiciales de incapacitación, sobre filiación, paternidad y maternidad.
  • Reclamación por impago de pensiones compensatorias y de alimentos, así como por incumplimiento del régimen de visitas.
  • Reclamación por daños personales y materiales sufridos en accidentes de tráfico.
  • Redacción de contratos de arrendamientos de inmuebles (viviendas y locales comerciales) y compraventa.
  • Desahucios por falta de pago de la renta o expiración del plazo contractual pactado.
  • Reclamaciones de deudas derivadas de relaciones comerciales, cuotas de comunidad de propietarios, así como de cualquier problema surgido en la comunidad.
  • Gestión y negociación extrajudicial de deudas e impagos por imposibilidad de hacer frente a préstamos, créditos, pólizas de créditos contratadas.
  • Testamentos, partición y adjudicación de herencias.
  • Reclamación ante las entidades bancarias por aplicación abusiva e ilegal de las denominadas cláusulas suelo y techo.
  • Reclamación ante las entidades aseguradoras ante su negativa de abonar indemnizaciones que pudieran corresponder a los asegurados como consecuencia de la póliza contratada (pólizas de hogar, profesionales, de responsabilidad civil, de vida y muerte, etc).
  • Exigencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de cualquier tipo de contrato (préstamo, arrendamiento, compraventa, de uso y disfrute, de prestación de servicios, etc).
  • Reestructuración de plantillas en empresas con dificultades económicas, técnicas, organizativas o de producción, expedientes de regulación de empleo y conflictos colectivos con los trabajadores.
  • Tramitación de expedientes judiciales de despido y de resolución del contrato de trabajo a instancia de los trabajadores.
  • Reclamaciones dinerarias por salarios pendientes de abono, diferencias salariales según convenio colectivo y demás conceptos económicos reconocidos legalmente o en el contrato de trabajo.
  • Reclamación de categoría profesional, jornada laboral, horario de trabajo y demás derechos reconocidos legalmente a los trabajadores que se estén viendo incumplidos o conculcados por decisión de la empresa.
  • Impugnación de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que afecten a la duración y/o distribución de la jornada laboral, sistema de turnos, salario, cambio del centro de trabajo o traslados, etc.
  • Expedientes de reconocimiento de incapacidad permanente en todos sus grados ya sea parcial, total, absoluta y gran invalidez.
  • Impugnación de altas médicas propuestas tanto por las Mutuas de Trabajo como por la Seguridad Social.
  • Acciones legales frente al acoso sufrido por trabajadores en el trabajo por parte de otros compañeros y de la dirección de la empresa.
  • Actuaciones ante la Inspección de Trabajo (Inspecciones, expedientes sancionadores, etc).
  • Impugnación extrajudicial y judicial de actos lesivos y sanciones económicas impuestas por los distintos Organismos Públicos (actos de la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Ayuntamientos, Consejerías, etc).
  • Reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante las Administraciones Públicas por daños sufridos como consecuencia de un mal funcionamiento de los servicios públicos (caídas en la vía pública, actuación negligente de los Funcionarios Públicos, entre otros).
  • Defensa de quienes resulten tanto perjudicados como imputados por cualquier delito, sea cual sea su naturaleza y gravedad (delitos económicos, societarios, de daños, lesiones, riñas y agresiones, impago de pensiones, amenazas, alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas, falsedad documental, revelación de secretos, entre otros).
  • Intervención en juicios rápidos por la comisión de delitos relacionados contra la Seguridad del Tráfico (alcoholemia, conducción temeraria, conducción sin carnet o con el carnet retirado, etc).

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